El último atlas concursal presentado por el Consejo General de Economistas (CGE) sitúa ya al comercio como el sector con mayor número de procesos de insolvencia celebrados durante 2024. Lo que lo sitúa por delante de sectores que venían liderando este tipo de procedimientos, como es el caso de la construcción.
El estudio revela que durante el año pasado aumentaron los concursos en todas las actividades. Pero cinco de estos sectores concentraron el 86% de todos los procesos de insolvencia celebrados durante 2024, acumulando un total de 4.544 concursos.
Sin embargo, el comercio destacó por ser, con diferencia, el sector que más concursos celebró durante el año pasado: un total de 1.394 concursos (incluyendo concursos de acreedores y procedimientos especiales para microempresas). A éste le sigue el sector profesional, con 962; la construcción, con 859; la industria y energía, con 742; y la hostelería, con 58.
El comercio dice que la presión normativa y fiscal aboca a las pymes al cierre
Según los expertos consultados, el aumento de procedimientos concursales e insolvencias en el sector es el resultado de una situación compleja que se lleva arrastrando durante años.
Cada año desde hace casi una década se destruyen empresas en el sector. En el último año, por ejemplo, se perdieron más de 13.000 autónomos, según las últimas cifras de afiliación publicadas por la Seguridad Social.
La patronal asegura que los comerciantes se han visto especialmente afectados por el aumento de la presión fiscal y de las obligaciones laborales que se han ido imponiendo en los últimos años a partir de la reforma laboral, así como por la subida de los costes.
Según explicó a este medio Armando Rodríguez, presidente de la Confederación de Comercios de Madrid (Cocem), «la destrucción del comercio se viene produciendo anualmente, a un ritmo acelerado. Es una situación estructural y que se debe a varios factores». Ya sólo en la Comunidad de Madrid desaparecieron 1.000 comercios en 2024.
De entre todos estos factores, aseguró el presidente de Cocem, habría uno «especialmente preocupante», que es la presión normativa. «Las obligaciones que la Administración impone a las pequeñas empresas están ahogando al sector».
Entre ellos, destacó la gran cantidad de normas estatales y las novedades implementadas por distintos ministerios, como el de Trabajo o el de Seguridad Social, que no han hecho más que subir los costes salariales o de materias primas.
Eso sin contar los trámites, como «el registro retributivo, la prevención del acoso laboral, el canal de denuncias, la implementación de Verifactu, o el nuevo registro horario, de aprobarse finalmente».
Además, apuntó Rodríguez, algunas de estas medidas se ponen en marcha sin haber hecho discriminación entre el tipo y tamaño de comercio, afectando a todos en general: «lo mismo da un supermercado o gran superficie, que una pequeña panadería. Ese es uno de los principales problemas”.
Además, como añadió Rodríguez, los negocios se arriesgan a importantes sanciones por el incumplimiento de la normativa, aún si se ven asfixiados administrativa y burocráticamente. “Se vive una situación de incertidumbre, sabiendo que, en cualquier momento, por un pequeño incumplimiento se pueden sufrir sanciones desproporcionadas que lleven al cierre del negocio”.
Un problema más para el pequeño comercio: el relevo generacional
El comercio tampoco se escapa de los problemas derivados de la falta de relevo generacional, como apuntó a este medio el presidente de Cocem. Según publicó el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE), la falta de relevo dificultará la cobertura de puestos de trabajo en diversos sectores, debido, entre otros factores, al envejecimiento de la población y la baja natalidad.
Las dificultades para transmitir los negocios irían de la mano con una falta de políticas que “apuesten” por el sector del comercio tradicional y el de proximidad, que desarrollan autónomos y pequeños negocios, añadió el presidente de Cocem.
“La falta de relevo generacional que hay en el sector es otra problemática. Este es el estado actual, también influido por la voluntad política de las Administraciones provinciales y comunitarias, respecto a cuál es el esfuerzo político que se tiene respecto del comercio. Si es un valor a proteger o a salvaguardar, o es un valor que debe desaparecer en beneficio de otros formatos comerciales”.
En el caso de la Comunidad de Madrid, entre los incentivos se puso en marcha en 2024 el Plan de Revitalización del Pequeño Comercio, que estará vigente hasta 2027, por 20 millones de euros. También incrementó para este año la línea de ayudas para la modernización y digitalización del comercio minorista en 2,5 millones de euros.
Sin embargo, según explicó Rodríguez, las partidas no son suficientes para poder combatir la situación que atraviesa el sector. “El presupuesto para la región este año supera los 28.000 millones de euros y el comercio representa el 13,5% del Producto Interior Bruto (PIB) regional y nacional. A nivel municipal, por ejemplo, hay una voluntad más decidida de apoyo al comercio de proximidad y tradicional. Pero el pez grande se come al pequeño, porque no tienen la misma estructura para aguantar todo lo que es común para todo tipo de comercios, sean grandes o pequeños”.
Ante esto, los representantes del sector piden que las leyes y obligaciones -sobre todo las laborales y fiscales- tengan en cuenta la situación de los negocios según su tamaño. Así, los comercios de proximidad dejarían de tener las mismas obligaciones que las grandes compañías.
Asimismo, en Cocem solicitan la puesta en marcha de determinadas iniciativas como:
- Tutorización. “Consultoría para que los autónomos sepan cómo orientar los negocios, para tener más posibilidades de éxito.
- Asistencia técnica específica en materia normativa. Asesoramiento gratuito para favorecer que puedan solventar dudas y dar cumplimiento a todas esas obligaciones”.