El fraude fiscal ha sido y es uno de los grandes problemas en España a nivel económico. Según datos de Hacienda, la economía sumergida en este país alcanza cerca de los 240.000 millones de euros, lo que equivale a casi un 20 % del PIB nacional.
Para poner freno esta situación insostenible y promover una mayor transparencia en las operaciones económicas, el Gobierno impulsó en 2021 la Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, más conocida como Ley Antifraude.
Una normativa que, además de reforzar el control sobre los pagos en efectivo o las criptomonedas, introduce un cambio profundo en el ámbito tecnológico, ya que obliga a que empresas y autónomos utilicen programas de facturación adaptados a los nuevos requisitos de verificación, integridad y trazabilidad.
Uno de los pilares clave de esta transformación es el sistema Verifactu, un modelo de emisión de facturas verificables que busca garantizar la autenticidad y la inalterabilidad de los datos contables. Esta medida, además de combatir el fraude, representa un paso más hacia la digitalización fiscal en España.
Una nueva ley para controlar la facturación
La Ley Antifraude afecta directamente a empresas, autónomos y desarrolladores de software de contabilidad y facturación. Desde su entrada en vigor, la normativa establece que todos los programas de facturación deben cumplir con exigentes estándares de integridad, conservación, accesibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los datos.
Esto significa que los sistemas informáticos utilizados para emitir facturas deben impedir cualquier tipo de manipulación, eliminación o alteración de los registros. Se prohíbe expresamente la utilización de lo que se conoce como software de doble uso, que son aquellos programas que permiten llevar una contabilidad de manera paralela, ocultar ventas o falsear la información enviada a Hacienda.
Por su parte, los fabricantes de software también están sujetos a esta ley, y no pueden diseñar, producir ni comercializar programas que faciliten la alteración de los registros contables. Además, deberán garantizar que sus sistemas permitan auditar la trazabilidad de las operaciones, registrar eventos y conservar la información de manera segura para posibles inspecciones.
2026 como punto de inflexión
Tal y como establece el Real Decreto 254/2025, publicado el 2 de abril, a partir del 1 de enero de 2026, todas las empresas con sede en España que emitan facturas estarán obligadas a utilizar un software de facturación certificado y adaptado a la Ley Antifraude.
Seis meses más tarde, el 1 de julio de 2026, esta obligación se extenderá al resto de los contribuyentes, incluyendo a autónomos y pequeños negocios, que deberán operar también con programas que garanticen la inalterabilidad de los registros.
En este contexto, los programas de facturación deberán disponer de una declaración responsable emitida por el proveedor, en la que se acredite que cumplen con los requisitos de la normativa. Asimismo, las empresas deberán contar con un software homologado por Hacienda, que sea capaz de emitir facturas con código QR y remitirlas automáticamente a la Agencia Tributaria.
El objetivo de la Ley Antifraude es evitar la manipulación de los datos contables y asegurar la veracidad de toda la información que reflejan los sistemas de facturación, que debe ser rastreable. Y, para ello, el reglamento exige que los programas cumplan con las siguientes condiciones:
- Generar un registro único e inalterable por cada factura emitida, garantizando su trazabilidad.
- Incluir los datos obligatorios: número de identificación fiscal, nombre y apellidos o razón social, número y serie de la factura, fecha de expedición, tipo de factura (completa o simplificada) y los impuestos aplicables.
- Registrar los eventos del sistema, de manera que quede constancia de todas las operaciones o interacciones realizadas.
- Impedir la modificación o destrucción de registros una vez generados.
- Facilitar el almacenamiento y acceso a la información para futuras comprobaciones por parte de la Administración.
Verifactu: el sistema que verifica las facturas en tiempo real
El gran protagonista de este nuevo escenario es Verifactu, el sistema de emisión de facturas verificables promovido por el Gobierno de España dentro del marco de la Ley Antifraude, cuya finalidad es permitir que las empresas envíen de forma directa y automática las facturas a la Agencia Tributaria en el momento de su emisión.
La validación de las facturas en Verifactu se realiza mediante tecnologías avanzadas como la blockchain, que garantizan la inalterabilidad de los registros y la autenticidad de cada documento emitido. Este sistema permitirá a la Administración disponer de información actualizada en tiempo real, reduciendo la posibilidad de manipulación y mejorando la eficacia de los controles fiscales.
Aprobado en diciembre de 2023, el reglamento Verifactu establece los detalles técnicos de esta obligación. Aunque su implantación será progresiva, se espera que transforme por completo la gestión de la facturación en España, integrando los procesos contables con la fiscalidad digital.
Un aspecto importante a tener en cuenta es que Verifactu no se aplicará en los territorios forales, donde existen sistemas propios de control fiscal, ni a las grandes empresas acogidas al Sistema Inmediato de Información (SII), que son aquellas que cuentan con una facturación anual superior a seis millones de euros.
A modo resumen, la Ley Antifraude va a marcar un antes y un después en la gestión contable y fiscal de las empresas españolas, impulsando la transformación digital y obligando a modernizar los procesos contables, incorporando herramientas tecnológicas mucho más seguras y eficientes.