Los autónomos y emprendedores de la España vaciada llevan años denunciando que competir en igualdad de condiciones con las grandes ciudades es, en muchos casos, una quimera.
A la falta de población en estos territorios se suman problemas estructurales que afectan directamente a la viabilidad de los negocios: dificultades de conectividad, carencias en el transporte público, menor acceso a los servicios básicos y una burocracia que pesa más en los municipios pequeños que en los grandes.
Ante esta realidad, cada vez más asociaciones del mundo rural alertan de que el problema ya no es sólo económico o demográfico, sino también administrativo. La forma en la que la normativa local está diseñada perjudica a muchos ayuntamientos en el día a día, lo que acaba afectando a miles de negocios en sus propios territorios.
Un marco legal que no distingue entre pueblos de 30 habitantes y ciudades medias
Ciertas organizaciones, como la Asociación Nacional de Autónomos y Emprendedores de la España Vaciada (ANAEV), reclaman desde hace tiempo cambios normativos para garantizar unos servicios mínimos que permitan emprender en el medio rural y fijar población. Su objetivo, de hecho, es bastante ambicioso: aumentar al menos un 30% la creación de nuevas empresas en las zonas más despobladas del país.
La organización y el funcionamiento de los ayuntamientos en España se rige, en términos generales, por la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, y que esta norma establece qué funciones son obligatorias en todos los municipios y qué tipos de personal pueden desempeñarlas. Pero no adapta de forma suficiente estas exigencias a la realidad de los pueblos más pequeños, a ojos de otras, como la Asociación para el Desarrollo Local de la Sierra Norte (ADEL) de Guadalajara.
En la práctica, esto se traduce en que municipios con apenas unas decenas de habitantes están sometidos a procedimientos administrativos muy similares a los de localidades con miles de vecinos. Además, la ley fija límites estrictos al número de trabajadores municipales que pueden contratarse en función de la población, especialmente en lo que respecta al personal eventual, lo que reduce aún más la capacidad de gestión de los consistorios rurales.
A ello se suma la dependencia de los llamados funcionarios con habilitación nacional (los secretarios y los interventores), que en muchos pueblos pequeños no están presentes a tiempo completo. De hecho, en algunos casos, estos profesionales sólo acuden uno o dos días a la semana, compartiendo funciones entre varios municipios, lo que ralentiza trámites esenciales, como las ayudas que no terminan de llegar a los negocios y emprendimientos de la zona.
La falta de personal municipal deja fuera de juego a los autónomos rurales
Las consecuencias de toda esta situación recaen directamente sobre los autónomos y las pequeñas empresas del medio rural, según señalan en ANAEV. Y es que la falta de personal técnico en los ayuntamientos dificulta la solicitud y, sobre todo, la justificación de ayudas públicas, lo que provoca que muchos proyectos no lleguen a presentarse o queden descartados por incumplimientos formales.
En ANAEV insisten en que las pymes rurales afrontan así una doble desventaja. Por un lado, la escasa población limita la demanda local y obliga a buscar modelos de negocio más flexibles. Por otro lado, la ausencia de infraestructuras y servicios (desde la conectividad digital hasta el transporte) las coloca en clara desventaja frente a los entornos urbanos.
Tal y como ha explicado en varias ocasiones a este medio César López Caparrós, presidente de ANAEV, la mayoría de los autónomos rurales no pertenecen a sectores digitales. Agricultores, ganaderos, comerciantes, carpinteros o pequeños talleres representan el grueso de la economía local, con una edad media elevada y, de esta forma, una escasa capacidad para asumir cargas burocráticas adicionales. Para ellos, la falta de apoyo administrativo marca la diferencia entre continuar y cerrar.
El impulso del Estatuto del Pequeño Municipio en Castilla-La Mancha
Por su parte, Castilla-La Mancha se ha convertido en uno de los territorios donde este debate ha cobrado más fuerza. Así, su Estrategia Regional Frente a la Despoblación, en vigor desde el año 2021 y vinculada a una ley autonómica pionera, ha logrado un aumento de la población en las zonas donde se aplica.
No obstante, desde asociaciones de la zona, como ADEL Sierra Norte, apuntan a que los avances no son suficientes, y que en muchas comarcas hay pueblos que sólo cuentan con secretario o interventor una vez a la semana, lo que hace que no se pueda llegar a tiempo a fechas relevantes, como sucedió, de hecho, con los fondos europeos de 2024.
Desde estos municipios se reclama, así pues, un Estatuto del Pequeño Municipio que simplifique procedimientos y adapte la normativa a la realidad rural. La reivindicación, advierten, debe escalar a nivel nacional y llegar a las Cortes Generales, porque hoy los mismos requisitos administrativos se aplican a una capital de provincia que a un pueblo de 30 habitantes.
De esta forma, y según los datos que manejan en esta comunidad autónoma, el emprendimiento se ha demostrado como una herramienta clave para frenar la despoblación, ya que el dinamismo empresarial ayuda a que muchos no tengan que emigrar para salir adelante. Ahora bien, sin cambios normativos que refuercen la capacidad administrativa de los municipios pequeños, muchos autónomos seguirán con grandes problemas para acceder a financiación.