Los drones están destacando como herramienta de trabajo capaces de ahorrar tiempo, costes y riesgos en actividades de muchos autónomos en sectores como la agricultura, la topografía, las inspecciones técnicas o la producción audiovisual.
Pero en España, a diferencia de otros países europeos, el uso profesional de drones está atrapado en una maraña de impedimentos legales, burocracia redundante y sanciones desproporcionadas. Ahora, en una sentencia del 19 de junio, el Tribunal Supremo acaba de tumbar algunas disposiciones de estas normas . En concreto, la obligación de registrar individualmente todos los drones, a instancias de la Asociación Nacional de Pilotos de Drones (ANPD).
Sin embargo, los impulsores de este recurso acudirán a instancias europeas para que revise otros preceptos de la regulación española que, a su juicio, impiden desplegar todo el potencial de los Sistemas de Aeronaves no Tripuladas (UAS).
Drones: para los profesionales son herramientas imprescindibles
Lejos de ser un entretenimiento, los drones se han convertido en instrumentos esenciales para múltiples actividades económicas. Muchas de ellas lideradas por profesionales autónomos. Según la ANPD, un 30% de sus más de 4.500 miembros se dedica al vuelo profesional, integrando los drones en servicios especializados.
En esta asociación de pilotos explicaron que además de empresas que se dedican exclusivamente a ofrecer servicios con UAS son muchos los profesionales que quieren incorporarlos a su negocio pero no pueden debido a las trabas burocráticas. Estos son algunos de los sectores donde los drones están demostrando ser de gran utilidad:
Construcción, topografía y fotogrametría
Los drones permiten levantar modelos 3D del terreno, monitorizar obras y realizar fotogrametría con una precisión que puede bajar del centímetro. Para ello, el piloto necesita sobrevolar parcelas enteras, lo que muchas veces implica salir del perímetro autorizado y entrar en zonas que, por normativa, requieren permisos imposibles de obtener según explicaron profesionales del sector.
«Si tengo que separarme 40 o 50 metros de una parcela para mapearla correctamente, acabo sobrevolando otras propiedades, y la normativa me obliga a pedir permiso a todos los propietarios. Es inviable», explicó Gabriel Ortiz, fundador de HCDrones SL y miembro de la ANPD.
Peritajes e inspecciones técnicas
Empresas aseguradoras, técnicos de mantenimiento y arquitectos usan UAS para revisar tejados, estructuras o instalaciones industriales. El coste y el riesgo son mucho menores que usar grúas o andamios. Pero en muchos casos no pueden operar legalmente si no han notificado con cinco días de antelación cada vuelo al Ministerio del Interior, aclararon estas mismas fuentes.
Producción audiovisual y periodismo
Fotógrafos de bodas, productoras y reporteros incorporan drones para captar imágenes espectaculares. Pero la rigidez legal les ha dejado fuera del juego. «Un periodista no puede anticipar una noticia cinco días antes. Nos han prohibido informar con drones», lamentó Gabriel Ortiz.
Agricultura de precisión
En el campo, los drones se han convertido en aliados esenciales para la agricultura de precisión. Su uso permite realizar monitorización aérea de cultivos, análisis del estado de la vegetación, control de plagas y, sobre todo, aplicación localizada de productos fitosanitarios.
Todo ello, según confirmaron varios pilotos consultados, con mayor eficiencia, menor impacto ambiental y un importante ahorro de recursos frente a métodos tradicionales como el tractor o la avioneta.
Pero en lugar de facilitar su uso, la normativa española lo dificulta. El Ministerio de Agricultura considera que fumigar con drones equivale a realizar un “trabajo aéreo”, por lo que prohíbe aplicar muchos productos químicos desde el aire, incluso aunque el vuelo se realice a escasos metros de altura, en condiciones mucho más seguras que con una avioneta.
«Hay productos que sí pueden aplicarse desde un tractor, pero no desde un dron que vuela más bajo y con mayor precisión. No tiene ningún sentido«, criticó Ignacio Hernández-Ros, piloto de la ANPD.
Tiendas de drones, mecánicos y escuelas
El impacto de la regulación no se limita a quienes pilotan drones. También afecta a quienes los venden, reparan o enseñan a utilizarlos. Paolo Cossi, trabajador de una tienda especializada, ha comprobado cómo la incertidumbre legal disuade a los clientes de comprar equipos profesionales. “La gente se interesa, pero al conocer las restricciones se va con las manos vacías”, afirmó y lamentó que “así es imposible crecer”.
El mismo problema golpea a los mecánicos y talleres de reparación, cuya actividad depende directamente del uso activo de estos dispositivos. Además, las escuelas de pilotos, imprescindibles para la formación certificada exigida por la normativa española, son muy sensibles a la demanda de estos aparatos.
Esta cadena de valor, desde la tienda al servicio técnico, pasando por la formación reglada, también forma parte del ecosistema profesional del dron, y sufre las consecuencias de una regulación que, en lugar de fomentar una industria emergente, la estrangula antes de despegar.
La normativa española está frenando el uso de drones en las empresas
El núcleo del problema no está en los drones, sino en el entorno normativo. España ha optado por una de las regulaciones más restrictivas de Europa, y eso tiene consecuencias. El piloto Ignacio Hernández-Ros considero que «aquí no se nos trata como profesionales formados, sino como un riesgo potencial que hay que limitar por todos los medios.»
Y eso que para volar un dron en España, incluso como aficionado, es obligatorio obtener una titulación oficial expedida por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). Para uso profesional, los requisitos son aún mayores. Pese a ello, la normativa exige:
- Comunicar cada vuelo en entorno urbano al Ministerio del Interior con al menos cinco días de antelación, incluso si el dron pesa menos de 250 gramos.
- No sobrevolar edificios salvo autorización expresa de cada propietario, incluso si es para una obra pública.
- Coordinarse con ayuntamientos, cuerpos policiales, gestores de parques naturales y comunidades autónomas, cada una con sus propios criterios y mapas.
La fragmentación autonómica dificulta las autorizaciones de los vuelos
Uno de los principales problemas que sufren los pilotos profesionales es la fragmentación legal entre comunidades autónomas. Lo que está permitido en una región puede estar prohibido en la siguiente. Algunos parques naturales permiten el vuelo bajo ciertas condiciones, mientras que otros lo vetan por completo, sin una base técnica clara.
La situación se agrava, según relataron los pilotos de drones, en las comunidades con policía autonómica. En Cataluña y el País Vasco, por ejemplo, los Mossos d’Esquadra y la Ertzaintza exigen ser notificados directamente, aunque la normativa nacional sólo obliga a comunicar los vuelos al Ministerio del Interior. El resultado: pilotos sancionados por incumplir normas que no existen en los textos legales, pero que las autoridades locales aplican de facto.
«Tenemos compañeros sancionados por no comunicar a la policía autonómica. Pero es que la legislación no dice que haya que hacerlo. Ellos se lo inventan. Y tú, como autónomo, te comes la multa«, explicó Gabriel Ortiz.
Este contexto genera una inseguridad jurídica para los profesionales que se ven obligados a interpretar mapas mal actualizados, lidiar con normativas contradictorias y asumir el riesgo de ser multados por desconocimiento o arbitrariedad administrativa.
El régimen sancionador es también desproporcionado, consideraron ya que las multas para pilotos profesionales «empiezan en 4.500 euros y pueden llegar a 4,5 millones«. Mientras tanto, se ha eliminado la obligación de contratar un seguro de responsabilidad civil para drones pequeños, lo que para este colectivo cuestiona el argumento de la seguridad como justificación principal.
«Es un sinsentido: dicen que es por seguridad, pero quitan el seguro obligatorio. ¿A quién quieren proteger realmente?», se preguntó Ortiz.
Los pilotos de drones llevarán sus reclamaciones hasta la Unión Europea
Por todo ello, los pilotos de drones están dispuestos a continuar su batalla y adelantaron a este medio que llevarán el caso ante la Comisión Europea. Su objetivo es denunciar que España incumple el Reglamento de Ejecución 947/2019, que prohíbe imponer restricciones o autorizaciones previas al vuelo de drones en categoría abierta, hasta 4 kilos.
«Otros países, como Italia, Polonia o Alemania, han transpuesto el reglamento correctamente. Aquí han añadido burocracia», afirmó Hernández-Ros.
Los drones han demostrado ser útiles, seguros y eficientes. Pero en España no despegan. No por falta de formación ni por riesgos técnicos, sino por una regulación mal diseñada que convierte cada vuelo en una odisea administrativa tal y como denuncian sus pilotos.
Y quienes más lo sufren son los autónomos que ven cómo una herramienta con gran potencial se convierte en un problema legal. “Nosotros no pedimos barra libre. Sólo queremos normas claras, proporcionadas y eficaces, como las que ya funcionan en otros países. Queremos volar… legalmente”, concluyó Gabriel Ortiz.